Una denuncia ciudadana y un estricto seguimiento por parte de La Unidad de Pensiones y Parafiscales, UGPP, permitieron recuperar dineros de pensiones liquidadas con un factor salarial acreditado fraudulentamente.
La Unidad de Pensiones y Parafiscales ha recuperado más de 32 mil millones de pesos para el Sistema de Seguridad Social colombiano, por pagos en pensiones fraudulentas
Bogotá, D.C, 06 de mayo de 2019.- El actuar correcto de una docente que manifestó no tener derecho a recibir la reliquidación de una pensión por un factor salarial que ella no devengó, (sobresueldo del 20% Ordenanza Cundinamarca), permitió que La Unidad de Pensiones y Parafiscales, iniciara una revisión de las reliquidaciones de las pensiones, bajo la misma modalidad, revocara, respetando el debido proceso, los actos administrativos respectivos e instaurara las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes.
Como resultado de ese trabajo de seguimiento y verificación, la UGPP revocó 1542 actos administrativos los cuales tenían como base información falsa aportada por los respectivos apoderados de los demandantes. Por este concepto se efectuaron pagos indebidos por valor de $37.554.579.358.
Con corte a marzo de 2019, La Unidad ha logrado recuperar $32.272.331.623, es decir el 86% del total adeudado y continúa adelantando las gestiones respectivas para la recuperación total de los dineros.
Cabe señalar que todas las personas involucradas en este fraude fueron denunciadas por la UGPP ante las autoridades.
“El proceder correcto de una docente que fue engañada por apoderados inescrupulosos y la acuciosidad de un funcionario que en la UGPP recibió las alertas, nos permitió detener este desangre a las finanzas del Sistema de la Protección Social”, destacó la directora de la UGPP, Gloria Inés Cortés Arango.
El propósito de estos procesos penales en los que La Unidad de Pensiones y Parafiscales, UGPP, interviene, es promover los reintegros a la nación de los dineros pagados mediante acciones fraudulentas de terceros, detener los pagos ilegales y proteger el patrimonio público del Estado colombiano, así como lograr la indemnización por los perjuicios causados.
